El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha propuesto la eliminación de una ley clave que fue aprobada tras la tragedia del tiroteo en la escuela Marjory Stoneman Douglas en 2018. Esta normativa, conocida como la ley de “bandera roja”, permite a las autoridades solicitar la retirada temporal de armas a personas que se consideran peligrosas para sí mismas o para otros. Este tema ha despertado preocupación entre muchos ciudadanos y grupos en todo el estado.
La ley de “bandera roja” fue implementada después del trágico suceso en Parkland, donde 17 personas, incluyendo estudiantes y docentes, perdieron la vida. En aquel momento, el entonces gobernador Rick Scott firmó la iniciativa, contando con el respaldo bipartidista y distanciándose de la influencia de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés). Esta legislación ha sido vista como una medida preventiva para evitar futuras tragedias relacionadas con el uso de armas de fuego.
Sin embargo, DeSantis sostiene que la ley viola los derechos de los ciudadanos y ha expresado su firme intención de revocarla. A pesar de su propuesta, el apoyo legislativo para su anulación parece escaso en la actual sesión del Congreso de Florida. Ben Albritton, presidente del Senado de Florida, ha calificado la ley como una herramienta crucial para prevenir actos de violencia. “Yo digo que simplemente la dejemos funcionar”, afirmó Albritton, quien además apoyó su aprobación en 2018. De manera similar, el presidente de la Cámara de Representantes, Danny Perez, también ha expresado su respaldo a la permanencia de la norma.
Un informe de la Oficina Administradora de los Tribunales del Estado destaca que entre julio de 2022 y finales de 2023 se presentaron cerca de 10,000 órdenes de protección de riesgo en Florida, lo que evidencia el uso activo de esta ley en casos potencialmente peligrosos. Bob Gualtieri, sheriff del condado de Pinellas y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Marjory Stoneman Douglas, defendió la ley, asegurando que ha contribuido a la prevención de actos violentos.
Por otro lado, grupos que defienden los derechos de los propietarios de armas, como Gun Owners of America, se han opuesto a la normativa. Luis Valdés, director de la organización en Florida, criticó la ley, sugiriendo que podría ser mal utilizada en situaciones como disputas de custodia y divorcios. “Las leyes de bandera roja son un parche político que oculta el problema real: la crisis de salud mental en Florida”, afirmó Valdés, aludiendo a la necesidad de un enfoque más integral sobre la salud mental.
El debate sobre esta legislación continúa, y la propuesta de DeSantis ha generado divisiones en la opinión pública y el ámbito político. A medida que avanza la sesión legislativa, es probable que se escuchen más voces a favor y en contra de la ley de “bandera roja”, un tema que toca aspectos críticos de seguridad, derechos y salud pública en la comunidad de Florida.