La Tensión en Florida: Fiscal General vs Corte Federal por la Ley Migratoria en Pausa
En las últimas semanas, Florida ha sido escenario de un enfrentamiento crucial entre la fiscal general del estado, James Uthmeier, y la corte federal, luego de que una nueva ley migratoria quedara judicialmente suspendida. Esta disputa revela la profunda tensión entre los poderes estatales y federales, y tiene implicaciones importantes tanto para la política migratoria como para el concepto de supremacía constitucional. Contexto y origen de la ley SB 4-C En febrero de 2025, la Legislatura de Florida aprobó la Ley SB 4-C, impulsada por el gobernador Ron DeSantis. Esta normativa convierte en delito —con penas mínimas de nueve meses de cárcel— a cualquier persona que ingrese o reingrese ilegalmente al estado, incluso si no hubo intervención federal en su entrada. Organizaciones de inmigrantes y dos residentes indocumentados presentaron una demanda, argumentando que la ley viola la Supremacía Constitucional, ya que la inmigración es una materia de competencia federal. La intervención del sistema judicial federal En abril de 2025, la jueza federal Kathleen Williams emitió primero una orden de restricción temporal y luego un mandato preliminar para impedir la implementación de la ley mientras se analiza su constitucionalidad. En julio, Florida solicitó al Tribunal Supremo que permitiera aplicar la ley durante el litigio, pero la petición fue rechazada. La Corte Suprema, así como la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, coincidieron en que debía permanecer en pausa. Conflicto con la fiscal general Uthmeier A pesar de la suspensión judicial, Uthmeier envió una directiva a las agencias policiales indicando que podían seguir aplicando la ley, argumentando que la restricción no era vinculante para todas las fuerzas de seguridad. Este acto llevó a la jueza Williams a acusarlo de desacato, señalando que estaba desafiando la autoridad del tribunal. Uthmeier respondió públicamente que, si ser declarado en desacato era el precio por respaldar con firmeza la agenda migratoria de la administración Trump, estaba dispuesto a asumirlo. Impacto en la aplicación de la ley migratoria Incluso con la ley en pausa, se registraron arrestos en algunos condados bajo la SB 4-C. Sin embargo, en la mayoría de los casos los cargos fueron retirados. La jueza Williams ordenó que el estado entregue informes periódicos sobre cualquier acción policial relacionada con la ley. Abogados y defensores de derechos humanos han alertado sobre detenciones en centros remotos que podrían estar justificándose erróneamente bajo esta normativa suspendida. Otros proyectos migratorios en curso Mientras continúa la batalla judicial, Florida ha impulsado otros proyectos en materia migratoria, como la apertura del centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, cuya construcción fue temporalmente detenida por orden judicial debido a preocupaciones ambientales. También se anunció la reapertura del penal de Baker como “Deportation Depot”, con capacidad para más de 1 300 personas, proyectado para iniciar operaciones en las próximas semanas. Conclusión: lo que está en juego El caso refleja un conflicto profundo entre el gobierno estatal y el sistema judicial federal. La discusión va más allá de una ley: se trata de la autoridad constitucional para legislar sobre inmigración, la fuerza del poder judicial para frenar abusos y el impacto directo en las comunidades migrantes. En un contexto donde Florida busca implementar medidas migratorias más estrictas, el resultado de esta disputa podría sentar un precedente que influya en la relación entre estados y gobierno federal en todo el país.